La comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo, participó en la mesa de diálogo virtual a nivel nacional denominada “La importancia del Estándar de Competencia Laboral y Certificación a la Luz de la Ley General de Archivos” con la intención de implementar una política pública que profesionalice a los servidores públicos encargados de la gestión documental, bajo las competencias que marca la Ley General de Archivos.
En esta mesa de diálogo participaron instituciones como el Archivo General de Nación, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), la Comisión Nacional de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán.
Los representantes de dichas instituciones reflexionaron junto a Rosales Sotelo, sobre la consolidación de programas de capacitación a nivel nacional en materia de archivos.
“Por primera vez 32 estados cuentan con su Programa Nacional de Capacitación, mismo que permite desarrollar un método de certificación para los encargados de la gestión documental, dando cumplimiento con la Ley en cuanto a capacitación, mayor certeza en el desempeño de habilidades y mejor eficiencia en las funciones de los servidores públicos”, apuntó.
En su calidad de coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), Rosales Sotelo enfatizó que los órganos garantes en los estados y el INAI han trabajado desde el 2018 en la profesionalización de los encargados en materia de archivos, logrando las bases para concretar la optimización de los proceso.
Finalmente, Dora Ivonne Rosales Sotelo, propuso que en conjunto con el Archivo General de la Nación, el INAI y CONOCER, se validen los procesos que se llevan a cabo y lograr la certificación de los servidores públicos de los órganos garantes y de los Sujetos Obligados en el país.